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Plan Cartográfico Nacional 2013-2016


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El Consejo de Ministros aprobó el 27 de diciembre de 2013 el primer Plan Cartográfico Nacional, cuya vigencia será de cuatro años y ordenará la actividad de la Administración General del Estado en materia de Información Geográfica y Cartografía, bajo la coordinación del Instituto Geográfico Nacional, optimizando su eficacia y costes.

El Plan Cartográfico Nacional es el instrumento de planificación de la producción cartográfica oficial realizada por la Administración General del Estado (AGE) y una herramienta para facilitar la relación de éste con los demás planes de producción cartográfica oficiales. El Sistema Cartográfico Nacional, aprobado mediante el Real Decreto 1545/2007, de 23 de noviembre, prevé este medio esencial para coordinar la actividad cartográfica realizada por los Departamentos Ministeriales y las entidades del Sector Público Estatal, junto a las Administraciones Autonómicas, entidades del sector público autonómico y Entidades Locales que se han integrado voluntariamente en el Sistema. El plan permitirá la coordinación de la producción de información geográfica, su integración con otros planes nacionales y su coordinación con los planes existentes autonómicos.

El plan cumple dos grandes objetivos. En primer lugar, producir una sola vez y compartir toda la información geográfica de referencia y a partir de esta toda la información temática, necesaria para el ejercicio de las competencias generales y sectoriales de la Administración General del Estado (usos catastrales, militares, medioambientales, ocupación del suelo, instalaciones, redes de transportes e infraestructuras, hidrografía, ordenación del territorio, emergencias, etc.).

En segundo lugar, utilizar de manera compartida las infraestructuras y recursos de la Administración General del Estado destinados a la producción y difusión de información geográfica y cartografía, y a la prestación de servicios de información geográfica a través de Internet.

En su aspecto de coordinación, destaca el tratamiento de la información geográfica estadística y de la cartografía estadística. Esta información tan esencial en la toma de decisiones económicas, políticas y sociales, forma también parte del ámbito del Plan Estadístico Nacional (PEN), instrumento cuatrienal de planificación de las operaciones estadísticas de la Administración General del Estado, por lo que se desarrollarán los instrumentos necesarios para coordinar ambos planes.
En la elaboración del plan 2013-2016 han participado a lo largo de casi dos años de trabajo numerosos agentes como Ministerios, Comunidades Autónomas así como todos los órganos del Consejo Superior Geográfico.

El plan será desarrollado a través de Planes Operativos Anuales, que también permitirán realizar una evaluación periódica de sus resultados y, en consecuencia, sus oportunas revisiones.

Toda la información del Plan y, particularmente, los productos y servicios que serán generados el amparo de este Plan estarán disponibles en la página web del Consejo Superior Geográfico, a la que puede accederse a través de los sitios web de Fomento y del Instituto Geográfico Nacional.

Mas información:

www.fomento.gob.es





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Política de difusión pública de la información generada por el Instituto Geográfico Nacional


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La Dirección General del Instituto Geográfico Nacional, en adelante IGN, para llevar a cabo la misión de servicio público que tiene encomendada, genera y mantiene un importante volumen de información geográfica. De entre esta información geográfica destacan los datos que se ven reflejados en las series y bases cartográficas nacionales, en ortofotografías aéreas y ortoimágenes de satélites, y en fotogramas aéreos como documentos iniciales del proceso de ortofotografía y de producción y actualización cartográfica. Estos conjuntos, en forma digital, constituyen la mayor parte de la información geográfica de referencia continua y completa para toda España.

La difusión, distribución y comercialización, en su caso, de estos productos, corresponde al Centro Nacional de Información Geográfica, en adelante CNIG, Organismo Autónomo creado por el artículo 122 de la Ley 37/1988, y regulado por su propio Estatuto aprobado por el Real Decreto 663/2007, de 25 de mayo. Aunque la demanda de esta información geográfica por la sociedad española siempre ha existido, actualmente se percibe una fuerte tendencia de crecimiento, impulsada, por una parte, por las necesidades propias del Ministerio de Fomento y del resto de la administración General del Estado; por otra, por las Administraciones Autonómicas y Entidades Locales así como por los requerimientos de las Universidades, Organismos de Investigación y empresas públicas; y por la demanda de las empresas privadas y los usuarios particulares en general. Este incremento de demanda, unido a la amplia disponibilidad de datos geográficos y al desarrollo de las técnicas que ofrece la Sociedad del Conocimiento, definen un nuevo modelo de explotación de la información geográfica, que permite reducir drásticamente los costes individualmente repercutibles.

Estos son algunos de los fundamentos objetivos que han llevado al Consejo de Ministros a aprobar, mediante el Real Decreto 1545/2007, de 23 de noviembre, la creación del Sistema Cartográfico Nacional, en el que se encomienda a este Ministerio la propuesta de Plan Cartográfico Nacional, que habrá de incluir «la política de datos aplicable a la difusión y accesibilidad de la información geográfica», así como la elaboración de una Orden Ministerial por la que se establezcan «los precios públicos para obtener o acceder a los productos y servicios cartográficos oficiales» teniendo en cuenta que en «el ámbito de la Administración General del Estado se impulsará una política de difusión libre de los productos cartográficos oficiales» y se le encarga al CNIG su difusión y comercialización.

Por otra parte, la recientemente aprobada Directiva 2007/2/CE por la que se establece una infraestructura de información espacial en la Comunidad Europea (INSPIRE), señala en su Preámbulo que las infraestructuras de información espacial de los Estados miembros deben concebirse de forma que se garantice el almacenamiento, disponibilidad y mantenimiento de datos espaciales al nivel de detalle más adecuado; que sea posible combinar, de forma coherente, datos espaciales de diversas fuentes en toda la Comunidad y puedan ser compatibles entre distintos usuarios y aplicaciones; que sea posible que los datos espaciales recogidos a un determinado nivel de la autoridad pública sean compartidos con otras autoridades públicas; que pueda darse difusión a los datos espaciales en condiciones que no restrinjan indebidamente su utilización generalizada; que sea posible localizar los datos espaciales disponibles, evaluar su adecuación para un determinado propósito y conocer las condiciones de uso, todo ello sin perjuicio de la existencia o posesión de derechos de propiedad intelectual de las autoridades públicas.

Adicionalmente, la Directiva establece la obligatoriedad de ofrecer al público una serie de servicios de carácter gratuito, como son los servicios de localización y visualización de datos espaciales.

Se evidencia así un nuevo paradigma, basado en la actuación cooperativa y descentralizada de los distintos agentes, que requiere para su funcionamiento la máxima facilidad en el acceso y uso del dato geográfico. También la Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los derechos de acceso a la información, de participación pública y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente, que traspone e incorpora a nuestro Derecho las Directivas 2003/4/CE y 2003/35/CE, garantiza y protege el derecho de los ciudadanos a acceder a la información medioambiental. Siendo ésta una información georreferenciada, las bases cartográficas sobre las que se represente deben facilitar su acceso y explotación. Asimismo, la Directiva 2003/98/CE, de 17 de noviembre, sobre reutilización de la información del sector público, incorporada a la normativa española mediante la Ley 37/2007, de 16 de noviembre, reconoce la importancia que los contenidos digitales desempeñan en la evolución de la Sociedad de la Información y del Conocimiento, estableciendo un marco general de armonización a nivel comunitario que facilite la difusión generalizada de la información que generan las Administraciones Publicas, entre las que se encuentra la información geográfica. Y, en el mismo sentido, el Plan General de Publicaciones Oficiales de la Administración General del Estado, aprobado mediante Acuerdo del Consejo de Ministros de 18 de enero de 2008, fija como uno de sus objetivos generales la difusión de la cartografía. Por todo ello, y con objeto de adaptar los procesos de difusión, distribución y comercialización de la información geoespacial generada por el Instituto Geográfico Nacional a los objetivos de las referidas normas, se hace necesario establecer el marco regulador de su política de datos, previo informe de los miembros de la Comisión Permanente del Consejo Superior Geográfico.
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Ley sobre las Infraestructuras y los Servicios de Información Geográfica en España


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Según informa el Ministerio de Fomento, las Cortes Generales han aprobado el pasado día 17 de junio la Ley sobre las Infraestructuras y los Servicios de Información Geográfica en España.

Como ha destacado el ministro de Fomento, José Blanco, durante su intervención ante el Pleno del Congreso de los Diputados, "con esta regulación, se permite que toda la información generada por cada una de las Administraciones públicas españolas esté al alcance de cualquier ciudadano a través de Internet".

Esta Ley impulsa el aprovechamiento de las nuevas tecnologías en los servicios de información geográfica, potenciando su calidad técnica, y teniendo en cuenta su utilidad como servicio público, según ha señalado el Ministro, que ha querido agradecer especialmente a todos los grupos parlamentarios "su colaboración y espíritu de consenso, que ha permitido aprobar en un tiempo récord este proyecto de Ley", presentado el pasado 30 de diciembre.

La nueva Ley pretende actualizar la normativa en la materia, adaptarla a las nuevas exigencias de la Unión Europea –transponiendo la Directiva Inspire– y hacer más accesible la información geográfica a los ciudadanos
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ETRS89: Nuevo sistema de referencia geodésico oficial en España


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El objeto de este real decreto es la adopción en España del sistema de referencia geodésico global, ETRS89, sustituyendo al sistema geodésico de referencia regional ED50 sobre el que actualmente se está compilando toda la cartografía oficial en el ámbito de la Península Ibérica y las Islas Baleares, y el sistema REGCAN95 en el ámbito de las Islas Canarias, permitiendo una completa integración de la cartografía oficial española con los sistemas de navegación y la cartografía de otros países europeos. Asimismo, y en correspondencia con lo anterior, también se dispone la adopción de los sistemas de representación de coordenadas que deben utilizarse para compilar y publicar la cartografía e información geográfica oficial según sus características.

Este real decreto se dicta al amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1.13.ª de la Constitución, que atribuye al Estado la competencia sobre bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica. La doctrina del Tribunal Constitucional avala la existencia de normas estatales que garanticen la unicidad técnica y la coordinación, y también que el rango de la norma, excepcionalmente, resulta suficiente dado su carácter marcadamente técnico.

En el proceso de elaboración de este real decreto han sido oídas las Comunidades Autónomas, así como el Consejo Superior Geográfico, que ha evacuado su informe favorable en la reunión celebrada el día 17 de mayo de 2007.
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Ley 37/2007, de 16 de noviembre, sobre reutilización de la información del sector público.


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La información generada desde las instancias públicas, con la potencialidad que le otorga el desarrollo de la sociedad de la información, posee un gran interés para las empresas a la hora de operar en sus ámbitos de actuación, contribuir al crecimiento económico y la creación de empleo, y para los ciudadanos como elemento de transparencia y guía para la participación democrática. Recogiendo ambas aspiraciones la Directiva 2003/98/CE, de 17 de noviembre de 2003, del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a la reutilización de la información del sector público, se adoptó con la finalidad de explotar el potencial de información del sector público y superar las barreras de un mercado europeo fragmentado estableciendo unos criterios homogéneos, asentados en condiciones equitativas, proporcionadas y no discriminatorias para el tratamiento de la información susceptible de ser reutilizada por personas físicas o jurídicas.

Las diferentes Administraciones y organismos del sector público recogen, producen, reproducen y difunden documentos para llevar a cabo la misión de servicio público que tienen encomendada. Como expresa la Directiva 2003/98/CE, la utilización de dichos documentos por otros motivos, ya sea con fines comerciales o no comerciales, constituye una reutilización. Por una parte, se persigue armonizar la explotación de la información en el sector público, en especial la información en soporte digital recopilada por sus distintos organismos relativa a numerosos ámbitos de interés como la información social, económica, jurídica, geográfica, meteorológica, turística, sobre empresas, patentes y educación, etc., al objeto de facilitar la creación de productos y servicios de información basados en documentos del sector público, y reforzar la eficacia del uso transfronterizo de estos documentos por parte de los ciudadanos y de las empresas privadas para que ofrezcan productos y servicios de información de valor añadido. Por otra parte, la publicidad de todos los documentos de libre disposición que obran en poder del sector público referentes no sólo a los procedimientos políticos, sino también a los judiciales, económicos y administrativos, es un instrumento esencial para el desarrollo del derecho al conocimiento, que constituye un principio básico de la democracia.

Estos objetivos son los que persigue la presente ley, que mediante la incorporación a nuestro ordenamiento jurídico de la Directiva 2003/98/CE y, tomando como punto de partida el diverso tratamiento que las Administraciones y organismos del sector público han otorgado a la explotación de la información, dispone un marco general mínimo para las condiciones de reutilización de los documentos del sector público que acoja las diferentes modalidades que se pueden adoptar y que dimanan de la heterogeneidad de la propia información. En consecuencia, se prevé que sean las Administraciones y organismos del sector público los que decidan autorizar o no la reutilización de los documentos o categorías de documentos por ellos conservados con fines comerciales o no comerciales. Asimismo, se pretende promover la puesta a disposición de los documentos por medios electrónicos, propiciando el desarrollo de la sociedad de la información.

La ley posee unos contornos específicos que la delimitan del régimen general de acceso previsto en el artículo 105 b) de la Constitución Española y en su desarrollo legislativo, en esencia representado por la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. En este sentido resulta necesario precisar que no se modifica el régimen de acceso a los documentos administrativos consagrado en nuestro ordenamiento jurídico, sino que se aporta un valor añadido al derecho de acceso, contemplando el marco de regulación básico para la explotación de la información que obra en poder del sector público, en un marco de libre competencia, regulando las condiciones mínimas a las que debe acogerse un segundo nivel de tratamiento de la información que se genera desde las instancias públicas.

En el Título I de la ley se prevé el ámbito subjetivo de aplicación, que se extiende a las Administraciones y organismos del sector público en el sentido definido en su artículo 2, en consonancia con la delimitación realizada en la normativa de contratación del sector público. Desde la perspectiva de su aplicación objetiva, la ley contempla una definición genérica del término documento, acorde con la evolución de la sociedad de la información y que engloba todas las formas de representación de actos, hechos o información, y cualquier recopilación de los mismos, independientemente del soporte (escrito en papel, almacenado en forma electrónica o como grabación sonora, visual o audiovisual) conservados por las Administraciones y organismos del sector público, e incluye una delimitación negativa del ámbito de aplicación, enumerando aquellos documentos o categorías de documentos que no se encuentran afectados por la misma, atendiendo a diversos criterios. En este punto cabe precisar que la ley no se aplica a los documentos sometidos a derechos de propiedad intelectual o industrial (como las patentes, los diseños y las marcas registradas) especialmente por parte de terceros. A los efectos de esta ley se entiende por derechos de propiedad intelectual los derechos de autor y derechos afines, incluidas las formas de protección sui géneris. En este sentido, la ley tampoco afecta a la existencia de derechos de propiedad intelectual de las Administraciones y organismos del sector público, ni restringe en modo alguno el ejercicio de esos derechos fuera de los límites establecidos en su articulado. Las obligaciones impuestas por esta ley sólo deben aplicarse en la medida en que resulten compatibles con las disposiciones de los acuerdos internacionales sobre protección de los derechos de propiedad intelectual, en particular el Convenio de Berna para la protección de las obras literarias y artísticas (Convenio de Berna) y el Acuerdo sobre aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio (Acuerdo ADPIC). No obstante, las instancias públicas deben ejercer sus derechos de autor de una manera que facilite la reutilización.

El Título II prevé los aspectos básicos del régimen jurídico de la reutilización, indicando que las Administraciones y organismos del sector público podrán optar por permitir la reutilización sin condiciones concretas o, mediante la expedición de una licencia, que imponga a su titular una serie de condiciones de reutilización que, en todo caso, deberán ser claras, justas y transparentes, no discriminatorias para categorías comparables de reutilización y atender al principio de libre competencia y de servicio público.

Para ello el uso de licencias-tipo que puedan estar disponibles por medios electrónicos se revela como un elemento clave en este sentido. Por otra parte, se prevé que las distintas Administraciones y organismos difundan qué documentación es susceptible de ser reutilizada mediante la creación de listados e índices accesibles en línea de los documentos disponibles, con el objeto de fomentar y facilitar las solicitudes de reutilización. Para incrementar las posibilidades de reutilización, las Administraciones y organismos del sector público deben procurar ofrecer los documentos por medios electrónicos en los formatos o lenguas preexistentes.

El régimen de reutilización garantiza el pleno respeto de los principios que consagran la protección de datos personales, en los términos establecidos en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de carácter personal y su normativa de desarrollo.

Por otra parte, las Administraciones y organismos del sector público deben adecuarse a las normas de competencia, evitando acuerdos exclusivos. No obstante, la ley prevé una excepción a este principio cuando, con vistas a la prestación de un servicio de interés económico general, pueda resultar necesario conceder un derecho exclusivo a la reutilización de determinados documentos del sector público.

Asimismo, la ley prevé los principios aplicables para aquellos supuestos en los que las Administraciones y organismos exijan contraprestaciones económicas por facilitar la reutilización de documentos con fines comerciales, cuya cuantía deberá ser razonable y orientada al coste, sin que los ingresos obtenidos superen los costes totales de recogida, producción, reproducción y difusión de los documentos.

En el Título II se concretan algunos aspectos de la reutilización de la información, previendo las posibles condiciones a las que someter la reutilización, que podrían ir referidas a cuestiones como el uso correcto de los documentos, la garantía de que los documentos no serán modificados y la indicación de la fuente. Asimismo se indica el contenido mínimo que deben acoger las licencias.

En el Título III la ley establece el procedimiento para poder arbitrar las solicitudes de reutilización, en el que tienen una especial relevancia los plazos de resolución, aspecto esencial para el contenido dinámico de la información, cuyo valor económico depende de su puesta a disposición inmediata y de una actualización regular. Asimismo se garantiza que en las resoluciones que se adopten se indiquen las vías de recurso de las que disponen los solicitantes para impugnar las decisiones que les afecten.

Por último se establece para la Administración General del Estado un régimen sancionador conectado con el mal uso que se confiera a la información cuya reutilización ha sido autorizada.

La presente Ley tiene carácter de legislación básica al amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1.18ª de la Constitución. Se exceptúa el artículo 11 y los apartados 1 (párrafos segundo y tercero), 3 y 8 del artículo 10.

En la elaboración de la ley se ha recabado el informe de la Agencia Española de Protección de Datos.

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Real Decreto1545/2007, de 23 de noviembre, por el que se regula el Sistema Cartográfico Nacional


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La Ley 7/1986, de 24 de enero, de Ordenación de la Cartografía, regula el marco en el que se ha venido desarrollando la actividad cartográfica oficial en España. Su mayor éxito consiste en haber contribuido al eficaz desarrollo de la cartografía por parte de las Administraciones públicas competentes, si bien el sistema diseñado no ha evitado (en algunos casos) una duplicidad del gasto y del esfuerzo público en esta materia. Por esta razón esencial, se ha determinado la necesidad de establecer un Sistema Cartográfico Nacional que, con respeto a lo dispuesto en la Ley y a la Sentencia 76/1984, de 29 de junio, del Tribunal Constitucional, suponga un sistema racional y operativo, dentro de un marco de colaboración y eficiencia, que favorezca el ejercicio de la actividad cartográfica, base común del desarrollo económico y social que propugnan todas las Administraciones públicas españolas para los ciudadanos y sus respectivos territorios.

La producción cartográfica, al tratarse de una actividad de base objetiva, que refleja una realidad primordial como es el territorio, no permite las discusiones habituales en otras disciplinas más especulativas. Por ello, basta con alcanzar un acuerdo relativo a los criterios cartográficos de representación para que cualquier agente pueda utilizar indistintamente sus propias producciones cartográficas o las de otros agentes, siempre y cuando se hayan realizado siguiendo los mismos criterios. Esta inmediata capacidad de colaboración -una vez que el método a utilizar ha de ser el normalizado conforme a las iniciativas y modelos de la Unión Europea- permite numerosos ahorros en esfuerzo y gasto público, y favorece que la regulación del Sistema Cartográfico Nacional sea acertada en cuanto a su diseño gracias a la corresponsabilidad de sus integrantes y al establecimiento de cláusulas de salvaguardia que aseguren su libertad de acción dentro del Sistema. Esa doble garantía de sometimiento voluntario al Sistema (con capacidad autónoma de apartamiento o separación) y de aprovechamiento extensivo del mismo, supone la base sobre la que se ha fundamentado el desarrollo del Sistema Cartográfico Nacional, diseñado a partir de lo establecido en la Ley 7/1986 y de su gestión por parte de las distintas Administraciones del Estado.

Pero esa doble garantía no es suficiente para aportar toda la eficiencia y transparencia que necesita el Sistema, por lo que se le ha dotado de unos mecanismos que aseguren la objetividad y la publicidad de sus principios y que resulten ágiles y flexibles en su aplicación.

De esta manera, el Sistema Cartográfico Nacional, que se define y regula en el presente real decreto, constituye el marco obligatorio de actuación de la Administración General del Estado en materia cartográfica, así como de todas aquellas Administraciones públicas que voluntariamente lo adopten como modelo de actuación cooperativa para el mejor servicio de los intereses generales, salvaguardando el reparto competencial establecido y manteniéndolo. Sin embargo, ese modelo no puede considerarse como una fórmula que elimine atribuciones de ninguna Administración en el ejercicio de sus competencias ni supone, tampoco, que ninguna Administración pueda arrogarse nuevos títulos competenciales, puesto que es el resultado que normativamente se configura mediante un real decreto del Gobierno de la Nación que viene a definir, conforme al principio de cooperación entre las Administraciones, el marco que garantiza la participación de todos los entes involucrados en la toma de decisiones, ya que el sistema de distribución competencial vigente conduce a una actuación conjunta de las Administraciones públicas, y con el proceso de elaboración de esta norma (que ha supuesto tres años de búsqueda constante del acuerdo pleno) se sigue la doctrina tantas veces expresada por el Tribunal Constitucional, como por ejemplo en su Sentencia 68/1996, de 4 de abril. En este mismo sentido, debe reconocerse la excepcionalidad de la norma, que se utiliza como instrumento para desarrollar, a partir de la Ley 7/1986, la regulación de todos los aspectos esenciales de la materia, que han sido acordados entre las distintas Administraciones, debido al carácter marcadamente técnico de los mismos.

Con este propósito, el real decreto contiene la descripción de ese marco cooperativo de actuación regulando los instrumentos esenciales creados por la citada Ley 7/1986, revisando y completando el contenido del Real Decreto 2039/1994, de 17 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de Régimen Jurídico y de Funcionamiento del Registro Central de Cartografía, y el del Real Decreto 1792/1999, de 26 de noviembre, por el que se regula la composición y funcionamiento del Consejo Superior Geográfico, y desarrollando lo previsto en el artículo octavo de la Ley respecto al Plan Cartográfico Nacional. Igualmente, atendiendo a las previsiones normativas y respondiendo a la necesidad de garantizar la disponibilidad, fiabilidad y accesibilidad de los datos geográficos, se define y regula la Infraestructura Nacional de Información Geográfica y se encomiendan las diversas responsabilidades para su organización.

En concreto, con el objeto de actualizar el funcionamiento del Consejo Superior Geográfico y adecuarlo a la realidad operativa del Sistema Cartográfico Nacional, así como para asegurar su plena eficacia como Autoridad Cartográfica Nacional, tendrá capacidad para fijar los requisitos y especificaciones técnicas de idoneidad o criterios de homologación que deba satisfacer la producción cartográfica oficial, contribuirá a realizar la definición y a potenciar el desarrollo de una Infraestructura Nacional de Información Geográfica, autorizará producciones distintas a las asignadas en el seno del Sistema Cartográfico Nacional y que están establecidas normativamente en el presente real decreto, dispondrá de poderes para arbitrar posibles conflictos entre los integrantes del Sistema y procurará la difusión de la toponimia oficial y normalizada. Finalmente, se crea una Comisión Territorial, con la participación de las comunidades autónomas, con presencia ejecutiva en el gobierno del Sistema y se potencia la Secretaría Técnica como garantía y soporte técnico para un funcionamiento eficiente del Consejo como auténtico órgano superior del Sistema Cartográfico.

Por otra parte, transcurrido el suficiente tiempo desde la primera regulación del Registro Central de Cartografía, y dado el desarrollo experimentado por la producción cartográfica oficial y por las tecnologías de la información, particularmente de los sistemas de información geográfica, y con el fin de fortalecer las fórmulas de cooperación y coordinación entre las distintas Administraciones públicas en el seno del Sistema Cartográfico Nacional, se establece una nueva regulación del Registro Central de Cartografía para garantizar un funcionamiento más actualizado y adecuado.

Además se diseñan los mecanismos que han de permitir obtener toda la eficiencia del Sistema, tanto en la planificación como en la producción de la cartografía oficial, adoptando una determinada distribución indicativa de atribuciones entre los agentes integrados y garantizando una colaboración entre ellos verdaderamente real.

Se desarrolla el artículo octavo de la Ley 7/1986, que dispone la elaboración de un Plan Cartográfico Nacional y encarga al Consejo Superior Geográfico su coordinación con los planes y programas de producción cartográfica de todas las Administraciones públicas. A este fin, se han determinado en el marco del Sistema Cartográfico Nacional las funciones necesarias para su elaboración, seguimiento y evaluación y para asegurar la coordinación entre Planes, la colaboración y cooperación entre agentes públicos y las necesarias vías de excepción, todo ello con el objetivo de asegurar la consecución de un sistema con eficiencia máxima.

Se establecen las normas mínimas para la constitución, operatividad y mantenimiento de una Infraestructura Nacional de Información Geográfica que pueda desarrollar la ambiciosa idea contenida en la Disposición transitoria de la Ley, que no ha podido materializarse en los años de vigencia de ésta, a pesar de lo taxativo de su redacción, por la ausencia de un instrumento adecuado y de la tecnología para llevarla a cabo. Hoy existe ya esa tecnología y no puede demorarse más su concreción y desarrollo para garantizar su adecuada explotación.

Finalmente, el texto incluye disposiciones específicas para los productores de cartografía de la Administración General del Estado, con el único propósito de garantizar la eficiencia del gasto público también en esta materia y la coherencia de los esfuerzos de todos los agentes implicados dirigidos por el Gobierno de la Nación.

En el proceso de elaboración de este real decreto han sido oídas las comunidades autónomas, así como el Consejo Superior Geográfico, que ha evacuado su informe favorable en la reunión celebrada el día 17 de mayo de 2007
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MÁS INFORMACIÓN DE NORMATIVA VIGENTE:


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Ley 11/1975, de 12 de marzo sobre Señales Geodésicas y Geofísicas

Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local

Ley 7/1986, de 24 de enero, de Ordenación de la Cartografía

Real Decreto Legislativo 1/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario

Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los derechos de acceso a la información, de participación pública y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente (incorpora las Directivas 2003/4/CE y 2003/35/CE)

Ley 11/2007, de 22 de junio, de Acceso Electrónico de los Ciudadanos a los Servicios Públicos

Ley 37/2007, de 16 de noviembre, sobre Reutilización de la Información del Sector Publico

Real Decreto 417/2006, de 7 de abril, por el que se desarrolla el texto refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2004, de 5 de marzo

Directiva 2007/2/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 14 de marzo de 2007 por la que se establece una infraestructura de información espacial en la Comunidad Europea (INSPIRE)

Real Decreto 663/2007, de 25 de mayo, por el que se aprueba el Estatuto del Centro Nacional de Información Geográfica

Real Decreto 1637/2009 de 30 de octubre, por el que se modifica el Estatuto del Centro Nacional de Información Geográfica, aprobado por Real Decreto 663/2007, de 25 de mayo

Real Decreto 1071/2007, de 27 de julio, por el que se regula el Sistema Geodésico de Referencia Oficial en España

Real Decreto 1545/2007, de 23 de noviembre, por el que se regula el Sistema Cartográfico Nacional

Real Decreto 4/2010, de 8 de enero, por el que se regula el Esquema Nacional de Interoperabilidad en el ámbito de la Administración Electrónica

Orden FOM/956/2008, de 31 de marzo, por la que se aprueba la política de difusión de la información geográfica generada por la Dirección General del Instituto Geográfico Nacional

LISIGE. Ley sobre las Infraestructuras y los Servicios de Información Geográfica, aprobada el jueves 17 de junio de 2010

Real Decreto 452/2012, de 5 de marzo, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Fomento y se modifica el Real Decreto 1887/2011, de 30 de diciembre, por el que se establece la estructura orgánica básica de los departamentos ministeriales
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